El fuero maternal es un derecho irrenunciable y un pilar fundamental de nuestra normativa laboral, diseñado para proteger la maternidad. Sin embargo, surge una duda legítima en la gestión de personas: ¿Qué hacer cuando se invoca esta protección mediante documentación fraudulenta?
Quiero compartir con ustedes una experiencia reciente que viví y asesoré: se trata de una sentencia definitiva dictada el pasado 13 de diciembre por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, que valida una estrategia intensa e innovadora ante este escenario.
La gestión fue la siguiente: tras la desvinculación de una trabajadora, la Inspección del Trabajo exigió su reincorporación debido a la presentación de un certificado de embarazo. Desde luego, por las graves amenazas de multa y la buena fe que se presumía, se accedió al requerimiento.
Sin embargo, en este caso existían antecedentes que ponían en duda la veracidad del documento,1 luego de reintegrarla, procedimos a indagar sobre la veracidad del documento.
Producto de varias gestiones, obtuvimos evidencia de que el certificado no era verídico y que el estado de embarazo era inexistente. Consecuentemente, al no existir embarazo real, asumimos que no existía el presupuesto fáctico del fuero. Por tanto, no correspondía pedir desafuero.
Siguiendo con estas ideas, sin solicitar el desafuero, se procedió al despido por faltas a la probidad (por presentar documentos no verídicos) y se iniciaron acciones penales por presunta falsificación y uso malicioso de instrumento privado.
La Inspección del Trabajo volvió a requerir su reincorporación. Luego de varias iteraciones y explicaciones, logramos que rechazara el requerimiento sin cursar multas.
Posteriormente, el Tribunal Laboral rechazó la tutela laboral y condenó en costas a la demandante, confirmando las faltas a la probidad y la correcta acción de la compañía.
Este fallo constituye un antecedente valioso, pues confirma que el respeto irrestricto a los derechos maternales no implica que los documentos sean sagrados e inobjetables.
1 Tema aparte, es que los certificados de embarazo —a diferencia de una licencia médica— no tienen trazabilidad ni dan mínimas garantías de autenticidad, haciendo más difícil el desafío.
