El debate del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y desarrollo económico en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se tensionó profundamente en torno a la capacitación laboral. El foco de la controversia se instaló en el artículo 26 de la propuesta, el cual busca eliminar de golpe la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENSE), encendiendo las alarmas en el sector técnico y parlamentario.
El impacto en el empleo y las pymes de capacitación
Representantes de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) y de la Mesa Nacional por el Desarrollo del Capital Humano calificaron la medida como un «grave error» y presentaron un adverso panorama si el proyecto se aprueba tal como está:
- Cierre de empresas: Se estima la quiebra inminente de 3.100 pymes dedicadas exclusivamente a la capacitación.
- Destrucción de empleo: Se proyecta la pérdida de hasta 80.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos (relatores, coordinadores y administrativos).
- Freno a la movilidad social: El 72,4% de los trabajadores que hoy se benefician de estos cursos cuenta solo con educación media o menor, por lo que la franquicia funciona como su principal herramienta de nivelación laboral.
Gremios acusan «datos erróneos» del Ministerio de Hacienda
Durante las audiencias públicas, los líderes del sector acusaron al Ejecutivo de defender la eliminación de la franquicia basándose en mitos y datos técnicos equivocados extraídos de evaluaciones de otros programas (como el Foncap), que no corresponden a la franquicia tributaria.
Para derribar los argumentos oficiales, expusieron que el beneficio no es exclusivo de las grandes corporaciones, ya que un 47% de las empresas usuarias son pymes que dependen de este incentivo para sostener la formación interna de sus trabajadores.
Diputados exigen congelar la votación hasta aclarar cifras
Debido a las profundas contradicciones numéricas entre los datos presentados por la industria y los sostenidos por el Ministerio de Hacienda, diputados de diversas bancadas frenaron la premura del debate. Los parlamentarios solicitaron extender las jornadas de discusión y citar con urgencia a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para transparentar la base de cálculo real antes de someter el proyecto a votación general.
Fuente: Cámara de Diputados de Chile
